El Blog de Gerard Garcia-Gassull



El objetivo de la Directiva europea dedicada a regular los Mercados de Instrumentos Financieros "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID II), es asegurar un incremento de la transparencia y optimizar la seguridad en los mercados financieros, dando así una mayor protección al inversor.  

La citada normativa incluye la obligación de cobrar a los clientes por el asesoramiento financiero. Lo cierto es que las entidades financieras, sin ser nada transparentes, cobran el coste de asesoramiento al cliente inversor a través de comisiones denominadas retrocesiones. Las retrocesiones están destinadas a aquellos intermediarios que comercializan y distribuyen el producto, habitualmente un fondo de inversión. 

| Uno de los propósitos concretos es prohibir las retrocesiones, favoreciendo así el asesoramiento independiente | 

A partir de la entrada en vigor de esta directiva, que se ha vuelto a posponer para el próximo año 2018,  las entidades tendrán que desglosar qué parte de esas comisiones concretas por asesoramiento financiero se destina a cada una de las partes que intervienen en el contrato, expresando de manera detallada el concepto de todas y cada una de las comisiones que se carguen.  Supone un cambio significativo que va en contra de la opacidad que ha venido caracterizando a estas operaciones.  

Además, se dispone que aquellos intermediarios que reciban su parte de comisión por asesoramiento deberán acreditar el valor real que supone tal asesoramiento en la operación concreta. Se trata de rendir cuentas, apostando una vez más por la claridad y transparencia. 

Todo ello, indica que los costes por intermediario asesor se verán reducidos, favoreciendo al inversor español que viene pagando una de las comisiones más altas a las entidades financieras que les venden los productos de inversión.  

Ahora bien, a pesar de que se establecen medidas de transparencia y que aumenta el control, me pregunto si serán suficientes para que la banca privada ofrezca al inversor aquel fondo de inversión que más le convenga.

De nuevo toca esperar para ver resultados. 




Definitivamente ha sido reconocida la retroactividad de los efectos restitutorios de la declaración de nulidad de las clausulas suelo, a través de la Sentencia del TJUE dictada el pasado 21 de diciembre de 2016. 

En términos generales, el TJUE establece:

1. Que las cláusulas abusivas no pueden vincular al consumidor.
2. Que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria. 
3. Esto solo permite garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo con anterioridad a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró dicho carácter abusivo. 
4. Así pues, tal protección resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula.
5. El Tribunal de Justicia es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión. 

| La clave de dicha Sentencia es que se declara la retroactividad y por ello, los consumidores pueden reclamar todo el dinero cobrado indebidamente desde la firma del contrato de hipoteca | 

Ahora bien, ¿Una vez reclamadas las cantidades correspondientes a la banca, cómo afecta a tu próxima declaración de la renta?

La Dirección General de Tributos en fecha 3 de junio de 2016 ya avanzó alguna de las consecuencias tributarias que resultarían de la declaración de nulidad de las clausulas suelo a través de la publicación de las consultas V2430/2016 y V2431/2016. 

Así, el contribuyente que aplicara las cantidades de las clausulas suelo a la base de la deducción por inversión en vivienda habitual deberá regularizar su situación tributaria.

Por ello, en el ejercicio en el que se declare la nulidad de la cláusula suelo, en su declaración de IRPF deberá regularizar su situación mediante el apartado destinado a la regularización de cantidades indebidas en el marco de la deducción por vivienda habitual.

En otras palabras, las cantidades que fueron indebidamente deducidas, dada la actual nulidad de las clausulas suelo, deberán regularizarse y además computar también los correspondientes intereses de demora que oscilan entre el 3,75 y el 5 por ciento anual. 


Decreto de repatriación de capitales en México

México, al igual que muchos otros países, se ha apuntado a la moda de las amnistías fiscales. Casi se diría que hemos perdido la cuenta de cuántos han sido protagonistas de esta medida en los últimos años.

La novedad en el caso de México es que la amnistía aprobada en el 2017 prevé una tasa del 8% sin aplicación de sanciones mientras que en la aprobada hace un año había que atender una tasa del 35% (valor de la tasa aplicable en México en la tributación para personas físicas) y lo único que te evitaban era las sanciones. 

Ahora bien, para no ser sancionado, las autoridades fiscales mexicanas debían incluirte en una lista de bonificados en la sanción. La aparición en esa lista, que era pública, se convirtió en un riesgo real ante las organizaciones criminales que operan en el país. 

Debido a esta inseguridad, ahora el mecanismo de amnistía no exige ese trámite de publicidad. Por el contrario, se exige a los contribuyentes que repatríen el dinero que tengan en el exterior y lo inviertan en activos productivos habidos en el país. 

De todas formas, las organizaciones criminales están tan infiltradas en el país que son capaces de obtener información de los empleados de la banca y de los funcionarios públicos de las propias autoridades tributarias.

No hay que olvidar que hasta no hace mucho, México permitía la declaración anónima de impuestos (eliminada por el Gobierno de Peña Nieto). Una modalidad que se creó para resolver otros problemas locales pero que los contribuyentes acabaron utilizando para conservar su confidencialidad y cumplir con hacienda.

Sea como fuere, hay que reconocer que estamos ante una oportunidad que el fisco mexicano ofrece a sus contribuyentes que puedan considerar que no han cumplido debidamente con sus obligaciones tributarias. Esta medida puede ser de especial interés ya que nos encontramos a las puertas de la transparencia bancaria mundial gracias a los acuerdos del FATCA norteamericano y del CRS impulsado por la OCDE.

Para disfrutar de esta medida hay que, básicamente:

a) Repatriar los fondos que el contribuyente disponga en el extranjero;
b) Invertirlos en activos productivos mexicanos;
c) Mantenerlos en México por un periodo de tiempo no inferior a los 2 años;

Ahora bien, antes de acogerse a la misma es relevante considerar otra alternativa que consiste en analizar en qué productos financieros se ha invertido durante los últimos 5 años y cómo se debía haber tributado por los mismos. La razón es que la normativa fiscal mexicana dispone de diversos mecanismos de diferimiento fiscal en la tributación del ahorro que pudieran suponer que el impuesto dejado de pagar sea asumible frente a la alternativa de tener que repatriar los fondos. 

Un contribuyente mexicano puede estar interesado en mantener los fondos en el exterior por diversas razones vinculadas al riesgo país:

a) México es un país que ha pasado de tener una hacienda pública dependiente de la renta del petróleo (históricamente representó el 33% de sus ingresos para significar en la actualidad menos del 16%) a la bajada del precio del crudo, la cual supuso que en poco tiempo el peso pasara de 16 pesos por dólar a 22, no es poca cosa.

Esta caída en la recaudación ha tensionado su tesorería y obligó al Gobierno de Peña Nieto a abandonar un gran número de actuaciones previstas. 

Pudiera ser que si el precio del crudo no consigue consolidar la recuperación que está ofreciendo el peso sufra nuevamente en los mercados internacionales y, por ello, el ahorro fiscal ofrecido por esta amnistía se convierta en un coste real por pérdida de valor del peso frente a otras divisas.

b) Riesgo de protección de datos, se trata de un riesgo real ante el cual es muy difícil luchar. 

Permítanme indicar que cuando una persona cree que está en riesgo de secuestro lo que hace es huir del país. La razón estriba en que a priori no puede saberse cuál es el alcance de la organización criminal que intenta la extorsión. Disponer de unos ahorros en el exterior permite afrontar la salida del país. 

Una prueba de la debilidad en la protección de datos es que no hace ni un año podía comprarse en e-bay la lista de electores mexicanos... 




¿Es necesario ser socio para aplicar la famosa bonificación fiscal del 95%?

La sucesión de una empresa familiar puede ser un proceso complejo y que sin lugar a dudas está lleno de entresijos que en este artículo trataremos de resolver.

Ser una familia empresaria significa mucho más que poseer una sociedad, por ello es indispensable que las familias dispongan de un plan de futuro sucesorio; evitando así cometer errores por desconocimiento o confusión. 


| Tal y como destaca en el informe realizado por el Instituto de la Empresa Familiar “La Empresa Familiar en España (2015)” el 88,8% de las empresas españolas son familiares y en Cataluña, en particular, el porcentaje alcanza el 85,6% |


Se trata de un tema que afecta a todas aquellas familias empresarias. Tras veinte años de experiencia, puedo afirmar que la mayoría de los conflictos surgen por falta de planificación. Todos debemos plasmar una estrategia que planifique el relevo generacional o bien, la sucesión. 

| No es necesario ser socio de la empresa familiar para que pueda aplicarse la bonificación fiscal del 95% |  


Como caso típico, destaca la trasmisión de la empresa familiar a la viuda y a los respectivos hijos. Dado que existe lazo familiar, será dónde puedan aplicarse los beneficios fiscales estipulados por Ley. Pero la confusión más común es pensar que además de familiar tienes que ser socio de la compañía para aplicar la bonificación. Pero no es el caso.

Basta con ser Directivo y familiar. En este supuesto podrá aplicarse una bonificación del 95% en la base imponible del Impuesto de Sucesiones. Así, el familiar que hereda la empresa no tiene porqué ser titular de participaciones de capital de la misma para poder ver aplicada la bonificación mencionada. 

Coexisten cuestiones financieras y fiscales que deben cohesionarse para ultimar en una planificación coherente y ecuánime, en la cual acompaño a las familias para evitar en todo caso aquellos conflictos que surgen habitualmente por causa de una mala comunicación.