El Blog de Gerard Garcia-Gassull



The Irish Funds: QIFs and its “Eight Year Rule”

Ireland is one of the most important destinations in the world for regulated funds. 

It offers one of the best proposals in financial structures backed by its long experience in that sector. It keeps evolving and adapting to current real conditions while still offering endless investment opportunities. 



La no deducibilidad de la provisión por depreciación de participaciones va contra los “business angels”

Hasta 2013 se permitía la deducibilidad de la depreciación por participaciones en otras compañías. Sin embargo, la necesidad de incrementar la recaudación por el impuesto sobre sociedades, que no hace otra cosa que caer, obligó a modificar algunos artículos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

Uno de los artículos modificados es el que hacía referencia a la deducibilidad de las provisiones por depreciación de la participación. Esto se justificó en que si se permitía dicha deducibilidad los contribuyentes estaban tomando la misma pérdida 2 veces, una en sede de la empresa que incurría las pérdidas y otra en la que participaba en ella.

Dejando de lado que esta premisa no se cumple, ya que quien incurre en pérdidas puede ser que se las tome pero sólo si a futuro es capaz de obtener beneficios con los que compensar las pérdidas incurridas, mientras que el accionista que invirtió registra la pérdida pero, si la participada llegara a recuperarse, la depreciación de cartera debería revertirse. 

Por tanto, no hay lugar a decir que medie un doble beneficio fiscal. 

Por el contrario, si tenemos presente que quien invierte en un negocio (ya sea un “start up” o en uno ya existente) lo hace con recursos que ha obtenido con su actividad (a menos que se apalanque) y por la que ya ha pagado impuestos, es de lógica pensar que si los invierte en otra empresa, generando por ello actividad económica, tenga derecho a tomarse la pérdida si la dicha inversión da un resultado negativo. 

Pues bien, desde el 2013 solo te puedes tomar la pérdida cuando ésta se materializa en la venta de las participaciones o cuando la filial es disuelta y liquidada (ni tan siquiera la declaración judicial de quiebra vale para permitir la deducción de la provisión). 

En conclusión, en un entorno en el que se hace preciso apoyar a la iniciativa privada con esta normativa la estamos perjudicando seriamente. 


El Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Barbados y España contiene una norma de tributación de los intereses en el lugar de residencia del acreedor. 

Así el artículo 11 dispone lo siguiente:

“1. Los intereses procedentes de un Estado contratante cuyo beneficiario efectivo sea un residente del otro Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en ese otro Estado.”

Ahora bien, el mismo CDi establece una restricción a la aplicación de esta norma. Dicha restricción se encuentra en el Memorandum del mismo Convenio. La finalidad de esta restricción es evitar que mediante la triangulación de Convenios resulte que el uno de los dos países termine concediendo una exención que, de haberse realizado la operación de forma directa, no hubiera sido de aplicación. 

Así, el punto 1.B.(a) del Memorandum restringe el derecho a la aplicación del Convenio a los artículos 10 (Dividendos), 11 (Intereses), 12 (Cánones) y 13 (Ganancias de capital) cuando: “la entidad de un Estado contratante que pague dividendos, intereses, cánones o ganancias de capital a un residente del otro Estado contratante ha obtenido su renta de un país o territorio que no haya concluido un convenio para evitar la doble imposición con ese otro Estado contratante..”

Veámoslo con un ejemplo:

Supongamos una compañía de Barbados que concede un préstamo a una compañía española y la compañía española utiliza esos recursos para conceder un préstamo a una compañía de Costa Rica. 

Según se desprende de la página web del Ministerio de Hacienda de Costa Rica no existe CDI entre Costa Rica y Barbados.

Por consiguiente y dado que Costa Rica carece de Convenio Fiscal con Barbados el tratamiento del artículo 11 del Convenio entre Barbados y España no sería de aplicación. Ante la inaplicación del Convenio resultará de aplicación la normativa española acerca de la tributación de no residentes que realizan operaciones en España.

En este caso, será de aplicación la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes cuyo artículo 25, f), 2º dispone una retención del 19% cuando se trate de “intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios”.

En este caso imaginario que estamos utilizando a título de ejemplo habría que considerar además que el Convenio entre Costa Rica y España dispone una retención del 10% a los intereses de préstamos cuyo periodo no sea de 5 años. 



Malta dispone de una regulación del ámbito financiero de carácter flexible y con un régimen tributario realmente interesante para los inversores, configurándose como uno de los centros financieros mediterráneos más atractivos. 


Es miembro de la Unión Europea desde el año 2004 e introdujo el Euro como moneda oficial en fecha 1 de enero del 2008. A través de su excelente entorno y estilo de vida, Malta anima a las empresas y profesionales a instalarse en ella, beneficiándose así de las ventajas fiscales que ofrece. 

La industria de Malta dedicada a los fondos de inversión se ha reestructurado y se ha ido internacionalizando en los últimos años, convirtiéndose en su sector industrial más importante. Esta isla, ofrece un régimen fiscal muy eficaz, mediante el cual evita la doble imposición sobre los beneficios empresariales gravados que se distribuyen como dividendos. 

El sistema fiscal de Malta se desarrolla cumpliendo principios de no discriminación de la Unión Europea. Es decir, Malta se obliga a dar un trato fiscal análogo a (i) residentes fiscales, con independencia de su nacionalidad, (ii) a los establecimientos permanentes y, (iii) a las compañías que realicen su actividad en un Estado, independientemente de si sus accionistas son residentes de otro Estado.

Malta ofrece a los inversores un entorno ventajoso para el ejercicio de actividades empresariales,  ya sea para el establecimiento de una sociedad unipersonal, sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada, sucursal de una empresa extranjera, sociedad fiduciaria, cooperativa o bien, sociedad de inversión con capital variable (en adelante, SICAV).

Las SICAV, se establecen en Malta como sociedades de inversión cuyo objeto es la captación de fondos para gestionarlos e invertirlos en valores u otros instrumentos financieros. Se han establecido como el vehículo financiero por excelencia de la isla. Se rige por la Ley de Sociedades maltesa de 1995, toda Compañía registrada en Malta debe establecer su domicilio social en la isla. Se debe aportar documentación relativa a las escrituras de constitución y estatutos de la Compañía. 

En el caso de que un inversor disponga de un fondo en otro país de la Unión Europea y quiera trasladarlo a Malta, deberá realizar una redomiciliación, cambiando la nacionalidad del fondo, pasando a estar bajo el sistema jurídico de un país a la regulación del país maltés. 

Todo fondo de inversión maltés dispone de un Código ISIN, “International Securities Identification Numbering system”, se trata de un número identificativo compuesto de 12 caracteres alfanuméricos mediante el cual se identifica de forma concreta e unívoca a un valor mobiliario a nivel internacional. Tiene la ventaja de que el inversionista solo debe indicar el ISIN a su Banco, agilizando y facilitando los trámites. 

Como principales ventajas del establecimiento de una SICAV en Malta destaca el establecimiento de una normativa fiscal competitiva y que permite la innovación. El régimen fiscal es atractivo y ha firmado con más de 70 países Convenios para evitar la doble imposición y la evasión de impuestos.

Los fondos pueden constituirse en un breve periodo de tiempo, agilizando los plazos para su lanzamiento al mercado. Asimismo, los costes de constitución de estas sociedades son inferiores a los de otros países europeos, en ocasiones el coste total es de hasta un 50% inferior.

Mediante su regulación, se establece un marco de transparencia, eficacia y de integridad de las inversiones, otorgando seguridad a los inversores. Además, las SICAV, pueden estructurarse a través de subfondos, dándo lugar a la emisión de sus propias participaciones. Pueden constituirse compartimentos totalmente diferenciados e independientes.

Profundizando en las particularidades de estas sociedades de inversión en Malta,  cabe decir que será el MFSA, Malta Financial Services Authority, el organismo financiero que autorice la constitución de los fondos. Se trata de la entidad encargada de regular los servicios de tipo financiero en Malta, supervisando las instituciones financieras, el crédito y las inversiones. Este organismo revisa y autoriza los proyectos,  que en caso de ser aprobados se rigen por un régimen fiscal extremadamente competitivo,  gozan de la exención de impuestos. 



Como ya he comentado en otros artículos del Blog el mundo se está convirtiendo en un lugar sin confidencialidad, lo cual está bien porque nos obliga a todos y cada uno de nosotros a medir nuestros actos bajo el prisma de la observación ajena, principalmente la observación de nuestras autoridades tributarias. 

Confío que hayáis tenido la oportunidad de leer los artículos referentes al FATCA y al CRS (GATCA) por lo que me evito volver a comentar nada sobre estas colaboraciones internacionales. 

Lo que deseo explicar es que todo este proceso se está precipitando a una velocidad de vértigo y que el calendario al que me refería en esos artículos puede llegar a cumplirse antes de hora. 

En ese sentido os comento que las autoridades fiscales españolas han solicitado de las suizas (y éstas se lo han concedido) que Union Bancaire Suisse (UBS) se vea obligada a facilitar los datos de las cuentas abiertas por ciudadanos españoles en dicho banco durante los años 2012 a 2015. 

Esta solicitud se basa en el artículo sobre colaboración entre autoridades fiscales que incorpora el Convenio con Suiza desde hace unos 10 años. Antes, en el viejo Convenio, la cláusula de intercambio de información no se contenía, pero a raíz de una petición de mejora propuesta por los suizos hará unos 15 años, las autoridades españolas aprovecharon el momento y consiguieron la inclusión de esta colaboración. 

El origen de esta colaboración específica que afecta a UBS se debe a una petición idéntica presentada por los holandeses hace unos meses y que UBS rechazó. Los holandeses se dirigieron a la Corte y consiguieron una resolución favorable. 

| Después de la petición exitosa de Holanda vino la de Francia, con igual resultado, y finalmente la de España |

La cuestión puede no detenerse en estos países y puede no limitarse a UBS. En Suiza existen unos 100 bancos pero una decena de ellos serían los de más interés para las autoridades fiscales.

Otros países pueden tenerlo más complicado que España ya que su Convenio Fiscal incluye una lista de condiciones y requisitos a cumplir para conseguir la colaboración (véase el punto 11 del Protocolo al Convenio Fiscal de Suiza con México).


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